Así lo reveló la última investigación de la red federal RUIDO a partir de analizar tres casos en cada uno de los 24 distritos del país. La mayoría de los gobiernos locales no respondieron los pedidos de información
Por Mariel Fitz Patrick
Desde las fallidas aerosillas en medio de la selva misionera, hasta un megaestadio en Santiago del Estero que ya cuesta más del doble de lo presupuestado, pasando por la replica de la fachada del Teatro Club Social en San Luis. Desde el inconcluso edificio para la Legislatura formoseña conocido como el “Palacio de la Corrupción”, hasta un acueducto en Mendoza cuyo presupuesto se esfumó, y la ya emblemática autovía Comodoro Rivadavia-Caleta Oliva en Santa Cruz, adjudicada originalmente a Lázaro Báez.
Las obras públicas en las provincias siguen envueltas en la opacidad o cuestionadas con denuncias. La red federal RUIDO relevó tres obras por cada una de las provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires para analizar cuánto se sabía sobre su costo. El criterio utilizado fue que hubiera despertado críticas o una polémica reciente, ya sea con denuncias mediáticas, legislativas y/o judiciales.
El resultado fue coincidente en la mayoría de los casos. Casi 7 de cada 10 argentinos no pueden saber cuánto cuestan fehacientemente los proyectos que se levantan en sus distritos con fondos estatales. La cifra surge del promediar la cantidad de obras viales (37,5%), de salud (41%) y obras polémicas (20,8%) con costos finales conocidos (33%) relevada. “Y los que sí pueden saberlo, no hallarán la información completa sobre dicha ejecución”, sostiene la investigación de RUIDO.
“El objetivo de esta investigación es tener un relevamiento actual y preciso sobre cómo informan los estados subnacionales argentinos el uso que hacen de los fondos que destinan a las obras públicas, que siempre constituyen porciones altas de sus presupuestos”, le explicó Sergio Carreras, uno de los coordinadores de Ruido, a Infobae.
Para la tarea, se presentaron pedidos de Acceso a la Información en dependencias gubernamentales y tribunales de cuentas de cada distrito. Se solicitaron fechas, pliegos de licitaciones, costos, redeterminaciones de precios e inspecciones. En la mayoría de los casos la solicitud no encontró eco: el 83% de las provincias no respondieron los pedidos de acceso a la información, y en ninguna se halló el 100% de los datos solicitados.
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