Después de los hechos de violencia del gobierno municipal contra la prensa, los habitantes de esta ciudad se están auto convocando para realizar, el lunes 9 al mediodía, una marcha frente al Palacio Municipal. Luego, los vecinos se dirigirán hacia la sede del HCD para presenciar la sesión especial, donde se conformara la Comisión Investigadora.
Por Mariana Dufour (Desde Pinamar, especial para AgePeBa) / Pinamar vive un tiempo de caos y de crisis institucional que tiene una larga historia, lejos de estar sujeta a los últimos sucesos de corrupción denunciados por el abogado Lucas Ventoso, publicados por la prensa local y por CQC, que desembocaron en los hechos de violencia padecidos por los periodistas por parte de los funcionarios municipales.
Esta ciudad esta direccionada como un millonario negocio inmobiliario y turísticos de temporada. Su dirigencia lejos esta de encarnar un concepto de Estado que se sostenga en una idea de comunidad.
Es claro que el ciudadano común no se ve representado en la noción de un Pinamar como una gran empresa. “Esta concepción puede llevar a serias confusiones. La concepción de poder que mezcla la política y los negocios con olor a corrupción corroe la convivencia democrática y puede afectar gravemente la gobernabilidad”, escribí hace un tiempo. Exactamente eso es lo que está sucediendo. Por supuesto, no se trató de una premonición, solo se trata de causa y efectos. Por eso, hoy estamos viviendo un período institucional crítico y delicado.
Pinamar es una ciudad donde es aceptado sin demasiado cuestionamiento que las empresas, propiedad de funcionarios y autoridades de Estado, ganen una y otra vez la posibilidad de concretar las tan codiciadas obras públicas y accedan tan oportunamente a los más prósperos negocios.
Pero, si a esta situación, le sumamos la no observancia por parte del Poder Ejecutivo de las ordenanzas emanadas del Poder Deliberativo y el ejercicio de la violencia desde el mismo Estado hacia sus ciudadanos, la democracia comienza a perder su sentido. El respeto a los derechos contenido en la Constitución Nacional son la base y el fundamento de la democracia. Si los funcionarios públicos, bajo el explícito aval del intendente, ejercen la violencia, es tarea del Concejo Deliberante encauzar el camino.
Luego de los hechos de violencia protagonizados por los funcionarios contra periodistas del programa televisivo CQC y las amenazas hacia la prensa local, el intendente, Blas Altieri, emitió un mensaje que, lejos de cuestionar el violento accionar de sus funcionarios y de asegurar la libertad de trabajo de la prensa, excusó sus responsabilidades y la de sus funcionarios. Esta actitud justifica, entonces, las declaraciones del subsecretario de Deportes, Jorge Yeza, del día siguiente: “Si bien no me siento orgulloso, no me arrepiento y lo volvería a hacer”. Un mensaje peligroso que, como autoridad pública, da vía libre al accionar de sus hombres.
El mandato de los concejales
Ante esto, los ediles elaboraron un acta que dispone el llamado a sesión especial para el lunes 9 de abril con el fin de dar tratamiento al siguiente orden del día: dictado de una Resolución de repudio sobre los acontecimientos de violencia ocurridos el lunes 2 de abril. La Resolución deberá incluir “la exigencia del HCD al Departamento Ejecutivo para proceder al inmediato cese de funciones de los funcionarios municipales involucrados en los actos de violencia”.
Durante esta sesión se votará el dictado de un decreto por el cual se establezca que, “hasta el momento en que los funcionarios partícipes de los hechos de violencia efectuados contra la prensa sean separados de cualquier empleo municipal y se produzca una declaración precisa e indudable de repudio de esos hechos lesivos por parte del Departamento Ejecutivo y un pedido de disculpa al pueblo de Pinamar y a las víctimas de esos actos lesivos, se introduzca la obligación de transcribir en cualquier documento que se expida por el HCD, una cláusula adicional, que rece: “El Honorable Concejo Deliberante reclama la inmediata separación y cese de funciones de los funcionarios municipales del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Pinamar que participaron en los hechos de violencia acaecidos el día 2 de abril de 2012 en el acto de conmemoración del 30mo. Aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas y de los caídos en el conflicto bélico mantenido con el colonialismo inglés, y exige que el Departamento Ejecutivo repudie esos hechos de violencia y ofrezca disculpas públicas al pueblo de Pinamar y a las víctimas de tales hechos lesivos”.
Comisión Investigadora
Durante esa sesión especial, los ediles tratarán la conformación “de una Comisión Investigadora sobre irregularidades cometidas por el Departamento Ejecutivo hasta la fecha”. También proponen la “suspensión de la actividad ordinaria del pleno del H. Concejo Deliberante” hasta que esta Comisión Investigadora culmine su informe.
Los ediles trataran el “dictado de Resolución de repudio a las amenazas lanzadas en contra el Asesor del HCD Dr. Lucas Ventoso por el director de la Delegación local del ANSeS, Leandro Reverón, y notificación de la misma al administrador Nacional del ANSeS, con desarrollo de los hechos repudiados. Y dictado de Resolución de repudio a las amenazas y agresiones lanzadas en contra del periodismo por el responsable de la Oficina local del Instituto de Previsión Social Liberanome, y notificación de la misma al Sr. Administrador Nacional del ANSeS, con desarrollo de los hechos repudiados”.
Mientras, los ciudadanos indignados de Pinamar se están auto convocando para realizar el lunes 9 al mediodía una marcha frente al Palacio Municipal. Luego de este cacerolazo dirigido a la intendencia de Pinamar, los vecinos se dirigirán hacia la sede del HCD para presenciar la sesión especial donde se conformara la Comisión Investigadora.
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