El acuerdo es, por definición, inflacionario. Desancla el tipo de cambio y las tarifas, y no limita drásticamente la emisión de pesos
Por Enrique Szewach
Empecemos por el principio. El presidente Alberto Fernández no quiere ganar la batalla contra la inflación. De lo contrario, en vez de recurrir a la entusiasta muchachada de la Secretaría de Comercio, hubiera convocado a los drones armados del Banco Central.
Pero no sólo no quiere, además, como ya le comenté varias veces desde estas columnas, necesita de un elevado impuesto inflacionario para “cerrar” el déficit fiscal acordado con el FMI.
¿Y entonces? Entonces, lo que en verdad quiere el Presidente es incrementar el subsidio al consumo de ciertos bienes de la canasta básica, pero que dicho subsidio no se financie con recursos generales, si no con un “impuesto” pagado por un sector en particular. Y quiere, además, que otro subconjunto de bienes, mantenga sus “precios cuidados”, también financiados con los proveedores de esos bienes y no con gasto público.
Eso es todo, lo demás es sarasa. Amplío conceptualmente. La inflación argentina es macroeconómica, derivada de grandes desequilibrios fiscales financiados con emisión del Banco Central. Tanto es así que, como mostró Carlos Melconian en la presentación del programa 2024 del IERAL de la Fundación Mediterránea, la tasa promedio de inflación de los últimos 80 años de la Argentina fue 145% anual. Sólo hubo períodos de baja inflación cuando se lograron transitorios superávits fiscales, o cuando se consiguió deuda para financiar los déficits.
Otra vez, la inflación es el impuesto que cierra los desequilibrios fiscales, inflando ingresos impositivos (IVA, Ingresos Brutos, ganancias no ajustadas, etc.) y licúa gastos corrientes (en particular jubilaciones y salarios públicos).
La inflación, entonces, es la manera con que la política argentina posterga el verdadero debate en torno a un gasto público que se ha vuelto infinanciable, y un sistema impositivo que resulta impagable.
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