Se constituyó La Asamblea Ambiental Pinamar.
La misma se gestó de forma espontánea debido a los acontecimientos que son de público conocimiento como es el sistemático Robo de Arena por parte de un puñado empresarios inescrupulosos en connivencia con algunos funcionarios encargados de controlar dicha tarea.
Esta situación generó un fuerte rechazo por parte de la población y fueron los vecinos autoconvocados quienes iniciaron este movimiento en defensa de nuestro medioambiente y en concordancia con el Art. 41* de la Constitución Nacional.
Esta asamblea se desarrolla en un ámbito de total respeto y bajo las bases fundamentales propias de la democracia que priman en un estado republicano.
En consecuencia, y referido al párrafo anterior, informamos que esta asamblea actúa bajo el marco de la ley, con total respeto y basando nuestros reclamos dentro del derecho que nos ampara.
Por consiguiente esta Asamblea pronuncia:
A) Nuestro enérgico repudio a todo acto de violencia y hechos fuera del marco de la
c) Cada acción de esta asamblea está avalada por Nuestra carta magna, los estatutos provinciales y municipales, por ende, somos respetuosos de las instituciones pero velando por el cumplimiento efectivo de las leyes y ordenanzas establecidas.
d) En virtud de nuestro compromiso con el medioambiente, informamos que seguiremos desarrollando políticas que ayuden a prevenir y concientizar a la población sobre nuestro suelo, el agua y la vegetación, fuente de vida en un ámbito saludable.
Esta Asamblea agradece el apoyo por parte de la multisectorial Pinamar, los medios de comunicación, concejales, ciudadanos y todos aquellos que tengan un estrecho compromiso con un futuro mejor para todos.
Queda conformada la Asamblea Ambiental Pinamar con la firma al pié de todos sus integrantes.
*Art. 41 CN "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
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