Viernes 23 de marzo de 2012 | Publicado en edición impresa.Denuncia en Pinamar / Decisión del gobierno de Sciol
Por Pablo Morosi | LA NACION
El Instituto de la Vivienda bonaerense resolvió descalificar a los adjudicatarios de un barrio construido por ese organismo hace diez años debido a que halló irregularidades que alcanzan a 22 de los 25 moradores, entre los que figuran dos hijas del intendente vecinalista Blas Altieri, de buena relación con el gobernador Daniel Scioli, además de allegados y hasta familiares de funcionarios locales.
Se trata de un complejo construido a mediados de 2000 en pleno centro de la ciudad balnearia (Palometa y Valle Fértil) a través de un convenio entre el organismo bonaerense y la -hoy desaparecida- Fundación Eco-Pinar, por el que originalmente se planeó erigir 150 unidades familiares (programas Bonaerenses II y VI y Solidaridad Entidades). Finalmente sólo se construyeron 25, bajo el paraguas del decreto 3201/70, que regula la adjudicación de las viviendas sociales.
Durante 2011 las autoridades del Instituto de la Vivienda provincial realizaron tres censos a fin de normalizar la situación dominial de las fincas, que arrojaron como resultado la decisión de "desadjudicar" a la mayoría de los habitantes en virtud de las siguientes irregularidades: "falta de ocupación real y efectiva, existencia de bienes en cabeza de los beneficiarios, falsedad en las declaraciones juradas", según consta en la resolución N° 1099, rubricada el 16 del actual por el administrador general del organismo bonaerense, Gustavo Aguilera.
En su dictamen, Aguilera tuvo en cuenta la marcha de una causa penal iniciada hace dos años por el abogado Lucas Ventoso y que hoy sigue la fiscalía de Mar del Tuyú, a cargo de Martín Prieto, en la que se acusa a Altieri de constituir una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
De ese expediente surge que los apoderados de la Fundación Eco-Pinar, encargada de la construcción y hoy desmembrada, eran Eduardo Oricchio y Luis Abruzzese. Ambos mantienen lazos comerciales con el jefe comunal. En el caso ya interviene, en defensa de los intereses del fisco provincial, el fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, que pretende ser considerado "particular damnificado". Según consta en la causa, la Fundación Eco-Pinar, entidad responsable de absorber los dineros del instituto, fue creada el 1° de junio de 2000, "justo un día antes de recibir 500.000 dólares, primera parte del subsidio provincial que sumaba dos millones de dólares", denunció Ventoso.
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