Una exhaustiva investigación oficial concretada a partir de las denuncias de Lucas Ventoso, abogado y asesor legislativo, ordenó que 22 de las 25 viviendas del complejo “deben ser desadjudicadas”.
Por Mariana Dufour
Hace casi un año, el abogado y asesor del bloque radical Lucas Ventoso realizó una conferencia de prensa para dar detalles de la ampliación de la denuncia por asociación ilícita que había presentado “contra Blas Altieri y sus socios Carlos Oricchio y Luis Abruzzese”. El motivo de la denuncia era la entrega a parientes y funcionarios del intendente, “como Alberto Morales”, de viviendas destinadas a familias de bajos recursos. Estas viviendas sociales fueron construidas en un terreno céntrico de Pinamar (Palometa y Valle Fértil) a través de un subsidio otorgado por el Instituto Provincial de la Vivienda hace diez años. Quien conoce Pinamar, sabe que se trata de una zona muy cotizada que, en 2000, ya contaba con servicios de gas, electricidad, alumbrado y red cloacal, según consta en el folio 1 del expediente Nº 257/00.
Los documentos presentados por Ventoso mostraban que “Altieri designó como apoderados de esta fundación a Oricchio, asesor externo del Municipio, y a Abruzzese, ex secretario de Turismo de Altieri”. Recordemos que la fundación Eco Pinar, entidad responsable de absorber los dineros del instituto, fue creada el 1de junio del 2000, “justo un día antes de recibir 500.000 dólares, primera parte del subsidio provincial que sumaba dos millones de dólares”. Según consta en el expediente, debían construirse cuarenta y ocho viviendas sociales. Sin embargo, solo se construyeron 24, de mayor dimensión a la estipulada por el organismo bonaerense.
Esta semana, mediante cédula oficial, el Instituto Provincial de la Vivienda notificó al Barrio 25 Viviendas de Pinamar que “descalifica como postulantes” del conjunto habitacional “a las personas que se individualizan en el listado”. Es decir, el organismo ordenó el desalojo de las viviendas ocupadas por las dos hijas del intendente y algunos de sus funcionarios. Y aclara que “han intervenido la Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado”. Firma el documento Gustavo Marcelo Aguilera, administrador general del instituto, dependiente del Ministerio de Infraestructura.
“Particular damnificado en la causa”.
El 9 de marzo, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Resolución Nº 1099, basada en el expediente Nº 3935/11, que “da cuenta de la situación irregular existente en el conjunto habitacional cuya fiscalización ejerce este organismo” y “en la denuncia penal efectuada por Ventoso”. En sus considerandos, la resolución informa que la Secretaría de Causas Penales de Fiscalía de Estado se presenta como “particular damnificado en la causa”. Un dato que, seguramente, fue de vital importancia para el avance de la causa.
Luego de un “informe pormenorizado” realizado por la Dirección General de Inmobiliaria y Social, se concluye que 22 de las 25 viviendas “deben ser desadjudicadas en virtud de la falta de ocupación real y efectiva de los inmuebles, existencia de bienes en cabeza de los beneficiarios, falsedad de las declaraciones juradas, etc. (…)”. Recordemos que están involucrados en esta grave aseveración del organismo funcionarios y ex funcionarios del gabinete municipal.
El documento provincial es contundente: “Se ha demostrado fehacientemente la transgresión a las normas que establece la Ley”. Por ello, la Administración General del Instituto, resolvió “descalificar como postulantes” del conjunto habitacional a 22 de los 25 inscriptos. Algunos de ellos vivían en estas residencias y otros las alquilaban lucrando con una propiedad destinada a ser vivienda permanente. Entre ellas, Elena María y María Constanza Altieri y el secretario de Servicios Urbanos, Alberto Morales.
Ventoso aclaró que varios de estos adjudicatarios compraron las propiedades “de buena fe”, desconociendo los irregulares manejos de los que estaban siendo víctimas. En declaraciones por FM 92.1 Radio Box, el abogado explicó: “Las vendían sin aclarar que eran viviendas sociales y recibieron dos millones de dólares. Hay gente estafada que actuó de buena fe y va a ser desalojada si no puede corregir las irregularidades administrativas que observó el Instituto de la Vivienda”.
El abogado aseguró que “la red de impunidad se evidencia en el proceso administrativo que permitió la construcción del complejo habitacional y la entrega del abultado subsidio”. Y consideró que “la investigación penal deberá abarcar también al Instituto de la Vivienda porque hay una clara responsabilidad del organismo por el indebido control”.
Ante esta nueva situación que plantea el desalojo de 22 viviendas por graves irregularidades, los ciudadanos aún esperan la palabra oficial. Al cierre de esta edición, ni la Dirección de Prensa Municipal, ni el intendente ni ninguno de sus altos funcionarios brindaron explicación alguna a la comunidad sobre semejante Resolución provincial. Además, como expresó la concejal Mercedes Taurizano, “ahora los ojos de la comunidad están puesto sobre el HCD en espera de cual será su posicionamiento y resolución”. Mientras, la grave noticia cobró estado público a nivel nacional a través de medios nacionales como Perfil.com,
Consecuencias de la medida
La noticia ha tenido inmediata repercusión mediática a nivel nacional. Medios como Perfil.com. Agencia Nova, Tiempo Argentino, el canal TN, etc. han publicado la situación por la que está atravesando la intendencia de Pinamar. Según informan estos medios, “las lecturas políticas que se hacen a pocas horas de desatado el escándalo son que, esta vez, el gobernador Daniel Scioli, el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y la procuradora general de la Corte Suprema, María del Carmen Falbo, podrían quitarle protección y “soltarle la mano” al intendente”.
Diversas denuncias y voces de la política pinamarense hacen referencia a la supuesta “presión ejercida históricamente por Falbo en los Tribunales de Dolores para que no prosperaran las denuncias contra Altieri, amigo personal del gobernador Scioli. Aunque ese castillo de naipes podría caerse ahora”.
Algunos medios nacionales arriesgaron decir que “según fuentes del kirchnerismo local, en el verano pasado la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré –que tiene un departamento en la ciudad-, habría dicho: ´Hay que cortar con tanta corrupción de este tipo que hace 20 años gobierna Pinamar". .
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