La utilización del caso deteriora su credibilidad. Reapareció la idea oficial de un proyecto para limitar a medios y redes sociales. Frente al rechazo, se dijo que el tema no está en estudio. Pero quedó abierta la posibilidad de presionar con la pauta publicitaria. Siguen las cargas sobre opositores y jueces
Por Eduardo Aulicino
El Gobierno deja correr la idea de un proyecto para limitar la libertad de expresión de medios y redes sociales, bajo el paraguas de combatir el “discurso de odio”. La portavoz oficial dice que eso no está en discusión, aunque deja abierta la posibilidad de usar la pauta publicitaria del Estado según ese supuesto criterio. Fuentes oficiales dicen que no hay nada de eso, pero no es la única señal. Alberto Fernández es visitado en ese clima por las autoridades propias en Diputados. Y más: recibe a José Mayans, el jefe del bloque de senadores que condiciona la paz social a “parar” la causa Vialidad. Todo, a raíz del ataque contra Cristina Fernández de Kirchner. Fuerte y propio del encierro del oficialismo.
La tensión política alimentada desde la misma noche del ataque contra la ex presidente expuso que el oficialismo no estaba dispuesto a abandonar la escalada de dureza discursiva y en las calles que siguió, como reacción, al pedido de condena para CFK en la causa por el manejo de la obra pública. Al revés, en lugar de abrir un espacio de condena en común y de distensión, profundizó la carga contra opositores, jueces y medios.
Esa decisión -con proyectos de escasas chances legislativas pero con mensaje evidente- es sostenida por especulaciones domésticas, repetidas. Cerrar filas internas y recuperar iniciativa, con CFK como eje excluyente, Alberto Fernández en segundo plano y Sergio Massa encarando medidas de ajuste y búsqueda de oxígeno externo para tratar de contener la crisis. El problema, grave, es que la señales son efectivamente peligrosas y agregan sombras al clima que se vice desde la noche del jueves pasado.
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