DISCURSO DEL SENADOR CARLOS FERNANDEZ

Sr. FERNANDEZ.-  Señor presidente: simplemente quiero brindar algún tipo de detalle  relacionado con la cuestión referida en estos expedientes, que ha merecido un importante espacio de atención en distintos medios públicos, y que además hoy está generando una situación institucional en el municipio de Pinamar, en donde está en funcionamiento una comisión investigadora por parte del Concejo Deliberante de esa ciudad y que, de alguna manera, toca  cuestiones provinciales, que me parece central aclarar, y por eso creo que todos los  señores senadores han coincidido en solicitar informes relacionados con este tema.
Esto comienza en el año 2000, donde un día se constituye una fundación,  ECO-PINAR, a la que se refiere el proyecto, y la misma es integrada por el señor Oricchio, asesor legal externo del municipio de Pinamar, contratado irregularmente, como voy a plantear posteriormente; por el señor Abruzzese, ex secretario de Turismo del municipio de Pinamar; y por la secretaria del estudio jurídico del doctor Oricchio.
Al día siguiente de constituida la fundación, casualmente,  recibe y firma un convenio  por el cual el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires le otorga 2 millones de pesos, o dólares, en aquel momento  -estamos hablando del año 2000-, para la construcción de 150 viviendas de interés social. De las 150 viviendas,  se construyen 25, y obviamente, se construyen, además, en un terreno vendido por casualidad por la inmobiliaria del intendente Altieri. Los materiales utilizados para construir las viviendas, también  por casualidad, fueron comprados al corralón de materiales que posee el intendente Altieri.
Decía que el asesor legal estaba contratado ilegalmente, porque existe en ese sentido un  dictamen del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires por el cual se establece que se han privatizado, irregularmente, el cobro judicial de la deuda impositiva del municipio de Pinamar, porque los vecinos y contribuyentes de Pinamar tienen que concurrir previamente al estudio jurídico del doctor Oricchio para cancelar sus honorarios, y recién ahí les habilitan la ventanilla para el pago de los impuestos del municipio de Pinamar.
También, de casualidad, los mismos integrantes son los que conforman una SRL, sobre la cual, también, existe una acusación de lavado de dinero por parte de  sus integrantes. Integran esa SRL el doctor Oricchio, su señora, el  intendente Altieri, su señora y los hijos del intendente Altieri, una SRL que construye un hotel de más de 6.000 metros cuadrados sobre la avenida Bunge. Para los que no conocen Pinamar,  Bunge es la avenida principal de ingreso a Pinamar, frente a la comisaría.
Se cometen una serie de irregularidades en esa construcción,  como el corte de árboles  del arbolado público. Interviene en defensa de la construcción el ingeniero Abruzzese, que  casualmente era socio de la fundación “Eco Pinar” que había recibido este dinero. Estos mismos personajes también son los que intervienen en una licitación pública, de única oferta,  para construir el hospital público de Pinamar, para el cual la Provincia deposita 20 millones de pesos, justamente para poder realizar la construcción del hospital público. Casualmente, también, los materiales son producto del corralón  de materiales del intendente Altieri. Y  existen testigos de identidad reservada que han declarado en la comisaría correspondiente que además la arena provista era robada  de las playas de Pinamar, todo para la construcción del hospital público, que, reitero, proveía el corralón de materiales del intendente Altieri.
Pero, además, también de casualidad, con respecto al otro integrante de la fundación, y a su vez integrante de  la SRL en su carácter de supuesto ingeniero, se descubre que no es ingeniero. El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires plantea -todo esto está acreditado en sede judicial, en sede penal- que no era ingeniero. Y resulta que  entonces, estábamos ante la posible comisión de una defraudación, porque como posteriormente continúan los pagos del municipio de Pinamar a esta empresa constructora, que construía con materiales comprados, casualmente,  en el corralón de materiales de Altieri, se comete una estafa, porque en definitiva se estaba alterando uno de los requisitos claves de licitación pública, que era el carácter de ingeniero de uno de sus integrantes; por lo tanto, se comete una estafa.
En el mismo proceso, se dan una serie de denuncias, por eso el tema de las viviendas es simplemente “la punta del iceberg”. Otras de las denuncias que están planteadas, también en sede penal, es que las cámaras de seguridad, provistas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para atender la seguridad del municipio de Pinamar, casualmente, fueron colocadas todas ellas en el corralón de materiales del intendente Altieri.
Hay un testigo de identidad reservada, y además de esta denuncia, se solicita, expresamente, al fiscal  Cristian  Centurión, fiscal que prestaba servicios en la fiscalía correspondiente, que haga un allanamiento sobre el corralón de materiales, para detectar si las cámaras de seguridad provistas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires estaban allí.
Casualmente, intempestivamente, el fiscal Cristian Centurión es corrido automáticamente de la causa, y declara ante testigos que ha recibido expresa orden de la procuradora general de la provincia de Buenos Aires de no investigar al intendente Altieri. Esta afirmación del fiscal fue hecha frente a testigos, y esos testigos también han declarado ante sede judicial lo que ha dicho el fiscal.
En realidad, esto es un verdadero escándalo, una verdadera red de impunidad que existe porque da la casualidad que existen denuncias penales de todos estos hechos, que algunas de ellas llevan más de 4 años, en donde han desfilado la totalidad de los fiscales del Departamento Judicial de Dolores, y ya no quedan más fiscales para excusarse. Siete de ellos han transcurrido por allí.
Y la verdad es que da la casualidad que el Instituto de Vivienda de la provincia de Buenos Aires, después de 12 años, por suerte y gracias a Dios, descubre que de las 25 viviendas que se habían hecho en lugar de las 150, 22 estaban mal adjudicadas, porque había falseamiento de datos y de las declaraciones juradas. De las 22 adjudicadas, dos las reciben las hijas del intendente Altieri, una el hijo del secretario de Obras Públicas del municipio de Pinamar, y otras concejales del partido del intendente Altieri. Pareciera que estamos frente a una localidad en donde existe un dueño de esta situación.
Obviamente, esto generó un escándalo público. El Concejo Deliberante designó una comisión investigadora, y está investigando éste y otros hechos adicionales. Lo que creo que no puede quedar bajo el manto de sospecha es cuál es la intervención de la provincia de Buenos Aires en todo este proceso. Lo del intendente Altieri, seguramente, se resolverá en el ámbito que corresponda.
Lo que aquí alguien tiene que dar explicaciones es ¿qué sucedió entre el año 2000 y 2012? ¿Quiénes, debiendo haber controlado, no lo hicieron? ¿Quienes entregaron 2 millones de pesos, o dólares, del dinero de los contribuyentes, que estaban destinados justamente a los que menos tienen, porque eran viviendas de interés social que fueron transformadas en 25 viviendas que, casualmente, además, algunas de ellas se vendieron comercialmente, y otras eran alquiladas por la inmobiliaria del intendente Altieri, también casualmente, durante las temporadas veraniegas?
Alguien tiene que explicar esto. Además, creo que se impone que el Ministerio de Justicia, a través de la Procuración del Ministerio Público Fiscal, dé explicaciones de cuál ha sido el comportamiento de aquellos funcionarios que tenían que actuar, porque aquí se ha podido generar todo este escándalo que acabo de relatar, que parece en algunos casos hasta gracioso, y es gravísimo, pero alguien tiene que dar explicaciones, porque no actuó, o dejó hacer. Los dos hechos son absolutamente graves.
Esto es, señor presidente, lo que quería plantear, porque además también por publicaciones aparece este señor Altieri, casualmente, tratando de “pegarse” a las figuras más importantes del Frente para la Victoria, incluído usted, sacándose fotos y haciendo valer esas fotos en la localidad de Pinamar como que eso significa el respaldo, y me consta porque he escuchado sus propias declaraciones relacionadas con este tema, pero tratando de “vender” en la localidad de Pinamar que tiene el más importante respaldo de las más altas autoridades de la provincia de Buenos Aires para cometer este tipo de atropellos y desaguisados, porque a todo esto que acabo de relatar de esta red de impunidad de la política y de la Justicia se le agrega el uso de matones y “barras bravas” para pegarle a los periodistas cuando quieren preguntar, para amenazar a los periodistas de la localidad de Pinamar, o para amenazar y amedrentar a quienes efectúan las denuncias pertinentes.
Por lo tanto, me parece pertinente que quede claramente en evidencia quién es quién aquí, y cómo se pretende hacer la utilización de determinadas figuras políticas, pretendiendo hacer aparecer esto como un “colchón” justificativo frente a la sociedad, frente a la sociedad de que se puede cometer este tipo de tropelías con el más alto apoyo político, y de lo que estoy seguro que de ninguna manera va a ser tolerado, y que en este sentido vamos a poner en marcha todos los mecanismos institucionales para que esta verdadera red de impunidad se termine.