Se trata del inquietante tratamiento que habría recibido un cadáver de mujer recogido de un balneario que por entonces pertenecía al actual intendente, Blas Altieri. Afirman que el hecho podría estar vinculado al “caso Cabezas” o al narcotráfico.
Por Mariana Dufour (desde Pinamar) / El ex cabo primero, Héctor Orlando Reina, ciudadano de Pinamar, realizó esta semana una inquietante declaración que busca esclarecimiento desde hace casi veinte años. No es la primera vez que Reina acude a la prensa para poner luz sobre un supuesto crimen consumado en el balneario CR de Pinamar en Diciembre de 1994. La intención del denunciante es que la Justicia haga su trabajo y lleve verdad al hecho.Según relató Reina, en 2002 mantuvo una conversación con dos allegados, Ricardo Suárez y Sebastian Urdín, empleados de la casa de velorios Sáenz, de General Madariaga, localidad vecina de Pinamar. Suárez y Urdín revelaron a Reina que, el 24 de diciembre de 1994, recibieron la orden de “buscar un cuerpo”.
Reina reprodujo el relato de sus compañeros: “El 24 de diciembre, a la una de la mañana vinimos a Pinamar a buscar un cuerpo. A nosotros nos dan la orden de que tenemos que buscar un cuerpo al Balneario CR, del actual intendente, Altieri. Nos encontramos con un cuerpo de una mujer rubia como dios la trajo al mundo, con cuatro tiros en la cabeza. La levantamos y la llevamos al hospital. El Comisario de Pinamar, Alberto Gómez, nos ordena que la saquemos urgente de ahí y la llevemos a Madariaga y la enterremos allá. La dejamos en el depósito (del velatorio) y, el 26 de diciembre a la mañana, la enterramos como NN”. Reina remarcó que estas dos personas dieron testimonio en la causa iniciada en 2002 junto a los enterradores del cuerpo de la mujer, empleados municipales del cementerio, los hermanos Iglesias y Medina.
“No dejaron ninguna huella”, explicó el ex cabo. “Como Suárez vio que algo raro pasaba, le sacó las huellas (al cuerpo) y se las dio a Sáenz o a su mujer pero desapareció todo”. Reina remarcó que el cuerpo “pasó por el hospital de Pinamar. No se si se le hizo la autopsia”.
Dos meses después de escuchar esta confesión, Reina realizó la denuncia ante el Juzgado Federal a cargo del Juez Bernasconi. “Antes de hacer la denuncia chequeamos todo. Finalmente, fuimos con los testigo: los que levantaron el cuerpo: Ricardo Suárez y Sebastian Urdin, y los que lo enterraron, los hermanos Iglesias y Medina”.
Reina relató que “la investigación determinó que se trataba de una mujer boliviana con un tiro en la sien pero la que levantaron los testigos era rubia con cuatro orificios de proyectiles en la frente. Así cerraron la causa”.
Reina manifestó que, ante su insistencia, ésta pasó a manos del Juzgado de Dolores. Y dijo que el responsable de la investigación “era el Fiscal Roberto Miglio Salmo, quien citó a los testigos”. Los registros periodísticos de aquel año, relatan que “miembros de la Policía Científica de la DDI de Dolores y personal de la Unidad Fiscal 2 de Dolores con el fiscal Miglio Salmo procedieron a exhumar dos cuerpos en el cementerio de la ciudad gaucha”.
La versión de Reina, coincidente con este relato, dice que las autoridades “realizaron el allanamiento al cementerio, se exhumaron dos cuerpos NN pero no el tercero que, supuestamente, era la mujer”. Volviendo a los informes periodísticos de aquel momento, éstos aseguraban: “Trascendió que uno de los cuerpos había sido enterrado en Diciembre del ´94 con sepelio pagado por la Municipalidad de Pinamar como perteneciente a una persona boliviana, indocumentada, cuyo deceso figuraba como natural”.
La nota del diario local El mensajero de la Costa, afirmaba que, “el cráneo de ese cuerpo tendría tres orificios de bala en la cabeza y pertenecería a una mujer de cabellos rubios de alrededor de 30 años, especulándose con que seria una mujer policía que estaba tras la pista de ilícitos que, más tarde, investigaría el equipo de la revista Noticias que integraba el fotógrafo José Luis Cabezas”.
En ese procedimiento, explicaba la crónica de 2002, “las Fuerzas de la Ley secuestraron, además, los registros de inhumaciones del periodo 1991- 1998 donde aparecerían otros NN procedentes de Pinamar”. Ante estas declaraciones, “fuentes policiales se apresuraron a indicar que no tiene en los registros de esa época ninguna mujer policía que haya desaparecido”.
“El procedimiento realizado fue nulo desde el vamos”
Reina aseguró que el procedimiento realizado por la Justicia fue nulo desde el inicio: “Si el cuerpo se levantó en el balneario CR de Pinamar, ¿por qué se interviene la comisaría de Madariaga, secuestran los libros y hacen el allanamiento? Obviamente, no figuraba nada porque el hecho ocurrió en Pinamar. El procedimiento fue nulo desde el vamos. Tendrían que haber ido a Pinamar. ¿Qué paso acá? Se debió intervenir la comisaría de Pinamar, pedir el libro de guardia del año 1994 o del que estuviese figurando el 24 de Diciembre de ese año, se debió indagar sobre el personal que estaba de servicio, tomarle declaración al personal policial saliente y entrante, indagar sobre quién pagó el traslado a Madariaga o quién dio la orden al chofer o acompañante y qué médico de policía era responsable en ese momento” insistió el denunciante y preguntó: “¿¡La comisaría estaba cerrada!? ¿O seria, como en el caso Cabezas, zona liberada?”.
Según explicó Suárez al ex cabo principal, “todo había estado orquestado entre muy pocas personas. La urgencia del Comisario Gómez era que ese cuerpo desapareciera de Pinamar y que se enterraran en Madariaga”. Consultado sobre la identidad de la mujer, Reina manifestó desconocerla y explicó que Suárez intentó asegurar las huellas de la persona: “Entre el 25 y el 26, (los denunciantes) tuvieron tiempo para mirarla. Suárez le sacó las huellas porque sabía que algo pasaba y, a futuro, podía traer consecuencias. Debió haber guardado él mismo las huellas como una carta en la manga. Pero no las guardó por trabajar sanamente y responder a la casa donde él trabajaba. Lo que Suárez ignoraba es que la casa también estaba involucrada con el procedimiento que se estaba haciendo. Es clarito”. Y comentó que “las personas que la enterraron son todos empleados municipales. Todos testificaron: los que la trasladaron en una ambulancia de la casa velatoria y los que la enterraron”.
Según Reina, se trataba de una mujer de entre 30 y 40 años “que tenía una investigación de drogas que venía siguiendo el ex gobernador Eduardo Duhalde”.
- El día del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas habría aparecido un cuerpo en la comisaría de Pinamar que habría terminado como NN. ¿Era un modus operandi? ¿Se podía matar libremente en esta ciudad?
“Lo que pasa es que son zonas liberadas, son cosas que no son controladas. No hay control de nada. Entra cualquiera, sale cualquiera. Como no se hacen trabajos de inteligencia, cualquiera hace lo que se le da la gana. Tenemos espacio de más para enterrar un cuerpo… ¿y quién se da cuenta? Puede haber otros casos. Yo siempre me documenté. No hablo por hablar”.
¿Durante la investigación no apareció nada, ni el arma, ni las vainas de las balas, ningún indicio?
“No, nadie encontró nada. Siguieron una orden y contrataron a una empresa para venir a retirar un cuerpo. No van a dejar nada”. Y, refiriéndose al fotógrafo asesinado, dijo: “En el caso Cabezas ya se sabía por anticipación que iban hacer lo que hicieron. Ya se sabía ocho meses antes de la muerte que iban a matar a Cabezas”. Reina meditó y agregó. “Es una mafia tan grande la que se armó acá en Pinamar…son cinco no mas los dueños que se pelean en público y, después, se juntan en Uruguay o Paraguay para resolver los problemas. No hace falta decir nombres o apellidos. El tema es quién empieza a tratar de hacer algo”.
Reina entregó una carta al ex gobernador Felipe Sola el 17 de julio de 2006, en el que lo ponía al tanto de los “hechos acontecidos en Pinamar”. En septiembre de 2001, envió otra carta a Aníbal Fernández en la que aclaraba que “se hizo denuncia sobre esto en Derechos Humanos. Como hasta hoy no fui citado, lo hago en forma de expediente para ser entregado en Presidencia”. El 20 de septiembre, desde la Dirección General de audiencias le respondieron que, “atento el tenor de su pedido, el mismo ha sido derivado a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires”.
En aquel entonces, la prensa consideró “este allanamiento como la primera pieza de un domino que haría que las restantes vayan cayendo, hasta llegar a la totalidad de los componentes de la organización delictiva que asoló Pinamar durante gran parte de los ´90 y cuya punta de ice berg fue el brutal asesinato de Cabezas”.
Casi veinte años después, ninguna pieza de este dominó parece haber caído. Con un Pinamar sumido en una crisis político institucional que cuestiona veinte años de administración gubernamental a cargo de Blas Altieri y que sacude las bases de esta incipiente comunidad, las declaraciones de Reina buscan el terreno propicio para intentar, una vez mas, llegar a la verdad.
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