Según publicó Bausela en su portal www.pinamarhoy.com, “en lo discursivo, sacó una ventaja el segundo candidato del Frente Social (FpV) Walter Montero, quien, apoyado en algunas documentaciones, inquirió al candidato oficial Marcelo Ávila sobre manejos del Ejecutivo, sus concejales y los aliados por conveniencia”.
“¡Los funcionarios cotizan por antigüedad!”
En su alocución, Montero hizo hincapié en la necesidad de implementar un “mayor control sobre el Ejecutivo” y realizó un detallado análisis del presupuesto con el fin de entender su aumento exagerado: “El Presupuesto 2010 fue de $88.756.000. Para el 2013, se aprobó una cifra que asciende a $253.000.000. Es decir, el aumento fue del 185%. Teniendo en cuenta que, según cómputos privados, la inflación fue del 25% anual, el Presupuesto 2013 no debió superar los $175.000.000. Queremos suponer que los $78.000.000 de diferencia se volcaron a la ampliación de servicios, recursos humanos, materiales, maquinarias, etc. etc., etc.”, punzó Montero y agregó: “No es un incremento cualquiera: estos $78 millones de más representan casi el 45% de ese Presupuesto 2013. Mucho dinero para invertir en servicios”.
El discurso del candidato del Frente Social continuó con un pormenorizado análisis del tema desde distintos ítems para, luego, explayarse “sobre un dato que no es menor: la Ley 11.757 excluye de sus alcances a los funcionarios políticos no otorgándoles los beneficios que la ley contempla para el personal contratado o de planta permanente. Por ejemplo, la bonificación por antigüedad, que es a lo que me voy a referir”.
Y Montero dio un dato que sorprendió a propios y ajenos: explicó que los concejales que aprobaron la Ordenanza Nº 4288/13 - que garantiza el presupuesto de $253 millones - también avalaron su Articulo 13 que contradice claramente la ley provincial: “Autorizase al Departamento Ejecutivo y a la Presidencia del HCD a otorgar las bonificaciones remunerativas y no remunerativas al Personal excluido de la Ley 11.757, conforme a las condiciones que cada Departamento reglamente en cuanto a conceptos e importes. Al personal excluido de la Ley 11.757, se le otorgará una bonificación por antigüedad en iguales condiciones y términos que para el personal de planta permanente”.
Así, “en un paneo rápido de la planta política, llegué a contabilizar $468.000 sólo por antigüedad de funcionarios políticos que podrían ser destinados para dos viviendas sociales; para programas de contención de los adolescentes que hoy no tienen presupuesto; para subsidiar la instalación básica de gas a 60 familias de escasos recursos; para construir un hogar de tránsito para mujeres víctimas de violencia; para comprar 4 patrullero por año; para ampliar la oferta de talleres o aumentar horas; para brindarle al CPA un espacio propio; para mejorar el equipamiento de los guardavidas; para comprar 66.000 litros de gasoil…En fin, diferentes destinos, solo haciendo lo que la ley dice”, explicó el candidato dirigiéndose a Marcelo Ávila.
Pero, “lo más grotesco de esto es que un intendente o un secretario puede salirnos más caro que otro. Si… como un simple empleado de planta ¡los funcionarios cotizan por antigüedad! Por ejemplo, el actual Secretario de Servicios Urbanos (Alberto Morales), sólo por antigüedad, cobra $6.070 más que cualquiera otro secretario novato. (…)
Presupuestariamente cuesta menos un intendente, concejal o funcionario nuevo que uno con antigüedad. ¡Imagínense cuánto nos saldría el intendente destituido con más de 20 años de antigüedad en el cargo!”. E, iónicamente, Montero inquirió: “¿No será éste un motivo más para renovar los mandatos cada 4 años?”.
Estudiar el presupuesto “permite ahorrar, que no es achicar la municipalidad. Puse dos ejemplos. No quiero pensar en cuánto nos ahorraríamos con un mejor control de las compras y las licitaciones”.
Listas pseudo opositoras: el viejo truco de Altieri
En su mensaje final, Montero expuso una nueva información: “En 2010 y en 2011, el pueblo votó otras opciones políticas que, entre todas, representaron a casi el 70% de los ciudadanos. Algunas de estas opciones se convirtieron en nuevos oficialistas, maquillando su actitud con el nombre de acuerdo de gobernabilidad. En agosto de este año participaron 18 listas. Todos sabíamos que había más de una lista que respondía al actual oficialismo. Por supuesto, existía la duda”.
Una duda que Montero despejó presentando a los presentes dos recibos de sueldo de dos funcionarios actuales que aportan al partido gobernante desde antes de las elecciones primarias (los referidos son el director de Cultura Jorge Esperón y el director de la Casa del Adolescente, Leandro Beltrán). “A estos funcionarios les descuentan directamente de su recibo de sueldo el aporte al MUPP. Esto no sería nada si fueran afiliados al partido o, por lo menos, afines al gobierno. Sin embargo, el 14 de agosto, estos mismos funcionarios que aportan al MUPP integraron una lista supuestamente opositora al gobierno que se quedaron en el camino”, dijo el candidato.
Para cerrar la idea, Montero explicó: “¿Por qué digo esto? Porque hay muchas sospechas de que algunas de las listas que competirán el 27 están apadrinadas por el vecinalismo. No hace falta nombrarlas, la calle se encarga de ello. Repasemos bien los nombres y las afinidades políticas que supieron tener: desde el primero hasta el último de los integrantes”. Porque “no hay diálogo ni construcción cuando se pacta levantar la mano sólo por obediencia debida o por beneficio propio. He mostrado en números lo que nos cuesta el “Sí, señor Intendente”.
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