Antes de dar lugar a la lectura del proyecto el intendente interino, Hernán Muriale, expresó que "decidió seguir adelante en este tema ya que hay un acuerdo con el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, y por ello se avanzó en la Audiencia Pública".
Por su parte la arquitecta Almonacid destacó la incorporación de los puntos observados por el OPDS: el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública. El primero fue realizado y la audiencia como publicáramos se celebrará el 15 de noviembre.
El primer punto disonante está plasmado en el primer artículo del nuevo proyecto de ordenanza que deroga la Ordenanza 3857/10 y que desestimó las ofertas únicas de licitación Pública realizada en octubre de 2009, durante la administración De Vito, y que dio origen al conflicto.
El presidente del HCD, Germain, planteó que “el acto previo en sentido contrario -como ser la primera derogación de la norma y ahora la derogación de la derogación de la norma (valga el trabalenguas)- establece una contradicción: ayer se dijo blanco hoy se dice negro”;explicó que el ínterin desde que se rechazaron las ofertas hasta ahora han nacido derechos entre los concesionarios o terceros, sociedades rotas, ejecución de garantías, por dar ejemplos, quedan sin sustento jurídico y promueven otras acciones legales de daños y perjuicios”. En contrapartida Germain dijo: “Entiendo que lo que corresponde no es la derogación de la norma, sino la suspensión de la ordenanza 3857/10 sin perjuicio de los derechos que se hubiesen generado”. El presidente del HCD manifestó su total apoyo al nuevo proyecto pero al mismo tiempo se mostró preocupado a partir de lo que él consideró un tecnicismo legal y la creación de más perjuicios para el Estado municipal”.
Marcela Crespo, presidenta de la Asociación de Concesionarios de Playa, integrante del CAU y electa consejera escolar de ProPin, no entendió la advertencia de Germain. En desacuerdo con el presidente del HCD le replicó en mención de la edila Rosana Di Pascuale (ausente): “En la última reunión la concejal aclaró que la derogación de las treinta un ofertas únicas se produjo al no acatar los pasos correspondiente dictaminados por el OPDS. Por lo tanto al cumplirse en ésta cae en abstracto” destacó Crespo. Pero Germain claramente no se refería a las acciones judiciales de los hoy permisionarios de playa en particular como Crespo, sino a nuevos perjudicados que genera la nueva derogación.
Baldini, inquieto y molesto, tampoco acordaba con Germain.
Quien tomó la palabra de los concejales electos del Acuerdo Cívico y Social fue el Dr. Lucas Ventoso y puso el acento en la inicial “ordenanza 3754/09 que aprobó los pliegos -y aclaró en referencia a los mismos- que estaban condicionados a las exigencias del OPDS y ello se expresa en el art 32. Por lo cual los que adquirieron los pliegos estaban al tanto” subrayó Ventoso. El flamante concejal dijo: “Hay que saber de dónde se viene para encontrar la solución” la madre del borrego es la 3754. Y lo que hay que derogar es esta ordenanza que aprobó los pliegos y hacerlos de nuevo”. Ventoso apeló a un acto de sinceridad de parte de los actores y preguntó de manera retorica “Por qué queremos salvar ese pliego que tiene de importante ese pliego. Estamos acá para salvar el recurso estratégico de Pinamar, no salvamos intereses personales. Espero”. El razonamiento del abogado es “avanzar sobre el fondo mismo del asunto: el pliego licitatorio, que trata de manera inadecuada: la cantidad de UTF (balnearios), la superficie y la cantidad de años de concesión (15). Así como el no tratamiento de la Av. Del Mar”. También mencionó los “privilegios de los concesionarios”.
Ventoso fue interrumpido por Crespo y algunos concesionarios: “En varias oportunidades me dieron ganas de contestarte…” le dijo. Entonces Paso solicitó a los presentes “respetar la palabra” y la determinación de conseguir un dictamen antes de la audiencia pública. Ventoso reiteró la cuestión política del meollo y Crespo insistió en la cuestión personal. De esta manera los permisionarios de playa desvirtuaron el objetivo de la reunión del CAU representantes de la comunidad para ante poner situaciones particulares de un sector económico.
Paso argumentó y recordó “un dictamen del fiscal de Estado Ricardo Szelagowski del 31 de agosto de 2010 solicitando al OPDS que se expida en función de lo que él consideraba lo más óptimo: continuar con el procedimiento y arreglar lo que se debía arreglar”. Se refirió también a la inviabilidad de “tirar abajo y empezar de nuevo”. Muriale cree que la situación paralizaría la playa por muchos años por los contratos firmados derivados de la licitación. El intendente interino criticó el pliego heredado y, por la situación mencionada, dijo: “Avalo, pero no comparto. No hubo competencia. Era imposible para una persona de afuera participar por un balneario. El Municipio debe hacerse cargo de esos errores. Eso se llama seguridad jurídica”. También destacó “la importancia del aval de la OPDS y la posibilidad de evaluar las treinta un ofertas desde el punto de vista económico y ambientalmente”. De manera terminante el intendente retomó la palabra y subrayó: “Aclaro que las ofertas adjudicadas que no se adhieran a la cuestión ambiental, no se las vamos a dar. Aunque nos genere un juicio”.
Luego de un análisis artículo por artículo, se pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 9 de la mañana, en que los actores deberán tener presente la redacción de las modificaciones para así dictaminar.
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