Es sumamente dañino que, según en qué lado de la grieta se esté, se piense que el ataque a la vicepresidenta fue un plan orquestado directamente por la oposición o una pantomima elaborada por el oficialismo. El fanatismo y la desconfianza se combinan para arribar a conclusiones peligrosas.
Por Sergio Berensztein
Para que la sociedad argentina pudiera “aprovechar” el lamentable intento de magnicidio sufrido por Cristina Kirchner, para robustecer el sistema democrático y mejorar su credibilidad, era indispensable, primero, una investigación ejemplar y, segundo, una respuesta política a la altura de las circunstancias. Sin embargo, lamentable es también lo rápido que ambas condiciones quedaron amenazadas o incluso descartadas.
Ayer se conoció que, cuando los especialistas de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria intentaron desbloquear el celular de Fernando Sabag Montiel (una prueba fundamental para el caso), dieron con la leyenda de que había sido reseteado de fábrica. Los peritos debieron declarar sobre lo sucedido y la justicia busca determinar ahora si ese reseteo se pudo haber realizado de forma remota y si, con cooperación de los Estados Unidos, hay forma de recuperar los datos eliminados.
Con esta noticia, la posición de Aníbal Fernández, como responsable último de las fuerzas federales, queda aún más comprometida. La jueza María Eugenia Capuchetti ya había enviado un oficio al ministro de Seguridad para que explique cuáles eran los protocolos que debían aplicar los custodios el jueves por la noche. En tanto, las Madres de Plaza de Mayo exigieron la renuncia de Aníbal Fernández, porque “no supo cuidar a la presidenta”.
Seriedad se necesita
La investigación merece un nivel de seriedad que precisamente escape a la media argentina a la que estamos acostumbrados. El atentado a la Embajada de Israel y la AMIA, que lleva impune 28 años; el “pisoteo” en el departamento del fiscal Alberto Nisman y la información contradictoria que se nos han brindado; e incluso la falta de cuidados a la vicepresidenta, exponen los errores y desatenciones que se cometen tradicionalmente en circunstancias del máximo interés público. Este funcionamiento patético de la justicia y la seguridad no puede seguir ocurriendo. El reseteo del celular de Fernando Sabag no es un buen indicio de que este patrón se esté rompiendo, más bien todo lo contrario. Esto incrementará las sospechas que todo el mundo ya tiene.
Un sondeo reciente de D’Alessio IROL – Berensztein demostró los altos niveles de desconfianza que los argentinos tienen respecto a todos los actores de la escena pública: la policía alcanzó un nivel de desconfianza del 76%, los políticos del 84% y el poder judicial del 87%. A partir de estos hechos, la falta de credibilidad en las instituciones podría dispararse aún más. Se prepara, así, un terreno fértil para que cada uno crea lo que quiera, especulando con que el “otro” es el culpable.
Es sumamente dañino que algunas voces fanáticas crean, según en que lado de la grieta se ubiquen, que esto fue un plan orquestado directamente por la oposición para mandar a matar a la expresidenta o una pantomima elaborada por el oficialismo para beneficiarla políticamente y victimizarla de cara al electorado. El fanatismo y la desconfianza se combinan para arribar a conclusiones peligrosas en ciertos sectores sociales, e incluso en la dirigencia. Parece disparatado tener que aclarar esto, pero nadie en la Argentina hubiese ganado algo si el jueves a la noche ocurría lo peor. El primer perjudicado hubiese sido el sistema democrático en su conjunto, que hubiese sufrido un golpe inconmensurable, poniendo incluso en riesgo la paz social. No hay ningún escenario en el cual oficialismo u oposición podrían haberse beneficiado en algo si Cristina Kirchner hoy no estuviese con vida.
Si esto no se detiene rápidamente y no hay una reacción seria de los principales líderes, se ingresará en una dinámica social y política aún más virulenta: el riesgo que pasemos de la violencia de las palabras y símbolos a la violencia de los hechos, parecida a la que tuvimos en el pasado o la que existe en otros países de la región y el mundo. Los niveles de tolerancia y respeto al otro se están licuando cada vez más. El solo hecho de que alguien piense que el adversario político es capaz de planear lo que sucedió es síntoma de un deterioro significativo de la convivencia que requiere la democracia.
Las palabras del periodista K Ezequiel Guazzora ponen de manifiesto la zona en la que estamos entrando: “Les puedo asegurar que la sangre esta vez no va a ser la nuestra”. Guazzora, que es secretario de prensa de la CGT, no deja de ser una figura marginal de la escena pública. Sin embargo, lo más preocupante es la entidad que el propio Alberto Fernández y su gobierno le dan a este tipo de personajes, ya que estuvo invitado en la mesa “contra el odio” del viernes pasado en la Casa Rosada.
Lo peor de todo no es la situación en sí, sino la inercia que está adquiriendo, que lleva hacia una profundización de la intolerancia hacia el que piensa distinto. Inercia que el gobierno acelera cuando utiliza políticamente el hecho en contra de la oposición y los medios críticos. Estamos ante umbrales de desconfianza que pueden ser incompatibles con el sistema democrático, aun de baja calidad institucional, como el que teníamos hasta ahora. Mientras en el Congreso se discute si es “presidente” o “presidenta”, el resto de la política comenzó una cacería de brujas que nos pone a las puertas de un peligroso desfiladero hacia el autoritarismo.
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