“Si el Poder Ejecutivo hace caso omiso a los pedidos de informe, vamos a fortalecer al HCD con nuestra presencia”, expresaron los vecinos, indignados ante tanta desidia y falsedad.
La preocupación de los vecinos de Pinamar por la inseguridad que padece la ciudadanía desde hace un largo tiempo, ha desnudado una serie de “agujeros negros” en la gestión gubernamental que tiene a funcionarios y empleados municipales en el ojo de la tormenta.
Los ciudadanos, hartos del miedo y cansados de tanta desidia, están denunciando en el Concejo Deliberante con nombre y apellido a autoridades municipales que no cumplen con sus obligaciones. El primero de la lista es el intendente interino Hernán Muriale, para el cual, algunos vecinos ya están reclamando su interpelación ante el Legislativo.
Arias, el más nombrado
La lista de los nombrados por los vecinos incluye al empleado municipal Enrique Arias, ex Director de Fiscalización, ex Coordinador de Playas y uno de los principales acusados de ser cabecilla de una “mafia que opera en la playa” durante la interpelación a Hernán Muriale. El martes 10, Arias fue calificado por los Vendedores Ambulantes de Playa de “corrupto peligroso”. Y agregaron: “Hoy estamos tomando un riego muy grande al hacer esta denuncia”. Una declaración más que preocupante y que debiera disparar todas las alertas de la intendencia.
Lejos de eso, el subsecretario de Fiscalización Leandro Sarobe negó conocer estas denuncias y, como si fuera un aliciente, confirmó que Arias hace guardias nocturnas. “Ponemos el zorro a cuidar las ovejas”, fue la reacción inmediata de los trabajadores. Y agregaron que, durante la temporada, hay venta de estupefacientes en la zona del muelle y gente armada. “Los tenemos identificados”, señalaron, inútilmente, los vecinos.
Ante esto, los concejales plantearon al subsecretario que Arias ”no puede seguir trabajando en Fiscalización” y le solicitaron “que investigue el accionar del empleado” de manera inmediata.
“Acá hay una defraudación al Municipio. Hay un señor que se está llevando todo y te salpica!, le dijeron los trabajadores a un Sarobe que insistía en desconocer las denuncias. “¿Cuánto más tiene que hacer este hombre para que lo saquen? Tiene el apoyo político. Si vos lo permitís, sos parte”. A estas denuncias, le siguieron otras igualmente graves en las que fue nombrado el ex director de Fiscalización Roberto Baena.
Como el objetivo principal de los vendedores es la aprobación de una nueva normativa que regule la actividad en la playa, los concejales aclararon: “No se necesitan nuevas normas. Se necesita que el Ejecutivo las cumpla”. Aun así, acordaron estudiar el proyecto presentado.
“No es culpa nuestra”
A la reunión de los vendedores de playa, le continuó otra con representantes de las empresas de seguridad que, tras la intervención de Marcelo Sánchez, miembro del Foro de Seguridad, disparó la discusión para el lado del rol del Estado en la atención y contención de los adolescentes y jóvenes de Pinamar.
Como si esta labor fuera toda una novedad para el Estado Municipal, se habló de la necesidad “de iniciar un trabajo desde lo social para reinsertar a la juventud a la comunidad”. Y aquí es donde apareció un “nuevo” nombre. A la lista de funcionarios nombrados, se agregó la figura del director de la Juventud y la Adolescencia Leandro Beltrán, denunciado por el equipo técnico de la Casa del Adolescente por maltrato y abuso de poder hacia los menores.
La gravedad de lo revelado radica en que desnuda un aparato gubernamental desinteresado en atender las necesidades de los adolescentes, condenándolos a un doble fraude: ser victimas del poder que tiene la obligación de protegerlos y convertirse en alimento del viejo y cómodo estigma que asevera que “los adolescentes son vagos, peligrosos y ladrones”. Mientras, Beltrán se pasea entre funcionarios y concejales en cuanto acto de inauguración haya.
El estigma que pesa sobre estos jóvenes no tiene en cuenta que se trata de los mismos que, cuando quieren formarse en un nivel superior, deben soportar que un Secretario de Cultura y Educación y su director “olviden” hacer entrega de las becas estudiantiles. Como si la Educación no fuera parte de la solución al problema de seguridad, estos tres funcionarios ni siquiera asisten a las reuniones.
Y fue aquí donde el concejal Pedro Elizalde tomó la palabra para sorprender a todos diciendo que el problema es “un tema generacional. No es culpa nuestra que los pibes estén así. (…) Si es necesario, cerremos el HCD (…) Y si pedimos que baje la Gendarmería, tiene que bajar”. Lo expresado por el concejal merece una larga y cuidadosa reflexión. Resumiré diciendo que sus palabras merecieron tal repudio de los presentes, que debió retractarse.
Solo agregaré que la frase poco feliz, dicha en una reunión donde los vecinos reclamaban ideas superadoras para enfrentar la inseguridad, fue recordada por los vecinos el jueves 12 durante el encuentro de la Comisión. La reacción fue contundente: “Si el Poder Ejecutivo hace caso omiso a los pedidos de informe, vamos a fortalecer al HCD con nuestra presencia”.
Al revisar cada una de las reuniones que protagonizaron los vecinos durante los últimos días en el Concejo Deliberante, nace una pregunta obligada y alarmante: ante tanto funcionario denunciado por la ciudadanía, ¿de dónde emana la inseguridad, entonces? Casi podríamos decir que este Estado Municipal se ha convertido en una escuela de delincuencia…
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