NUEVAMENTE TUVE QUE VOTAR EN CONTRA DE UNA OBRA PRIORITARIA PARA LA COMUNIDAD, por GABRIEL VIDAULI (CONCEJAL)

Así como ocurrió con el caso del Hospital de Pinamar, en que fui el único concejal que voto en contra de otorgar una licitación totalmente viciada en su trámite y que implicaba avalar un hecho corrupto, como quedó perfectamente demostrado y fue una de las causas de destitución del intendente, así volvió a ocurrir el viernes pasado.
Este gobierno y sus adláteres, demuestra permanentemente un tremendo desprecio por las leyes y nunca le importó cumplirlas. La destitución de Altieri no ha logrado cambiar nada (sigue presidiendo las reuniones de gabinete) en el manejo de la administración pública y bajo la batuta del concejal más joven, están dispuestos a imponer caprichos y cometer arbitrariedades en pos de sus intereses.
En la sesión con mayores contribuyentes, han impuesto un nuevo aumento de tasas (afectado o no es un aumento de tasa) para que todas las partidas de Pinamar paguen la obra de instalación de agua corriente en Ostende y Valeria.
Si bien comparto la idea de la contribución solidaria y que entre todos paguemos la instalación para aquellos que por algún motivo no pueden afrontarlo, de ninguna manera voy a avalar que el Estado le imponga tributos a los ciudadanos para pagarle la obra a quienes pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Es más, un impuesto para que se valoricen las propiedades que están afectadas a renta de verano o a vacaciones.
Todos los actuales usuarios de agua corriente la han pagado en su oportunidad.
Los funcionarios que no entienden o no quieren entender la responsabilidad que implica ¨imponer¨ y usan las facultades que les dio la ciudadanía para satisfacer sus egos o sus espúreas intenciones electoralistas, son traidores a la ciudadanía.
Disfrazan de ¨preocupación social¨ sus verdaderos objetivos de crear ¨cajas¨ y procesos de difícil control. Antes fue el Hospital, hoy es el agua corriente, obras sensibles para la comunidad y que les permite tratar de insensibles a los que se oponen.
La ordenanza aprobada el pasado viernes con la anuencia de la necesaria mayoría de concejales y mayores contribuyentes, ha violentado casi todos los procedimientos de trámite de obra pública.
Los vecinos, no pueden hacer nada, es un impuesto y tendremos que pagarlo igual que el tremendo aumento que votaron en enero.
Este accionar prepotente e impune, de alguna manera permite y hasta casi fomenta el ¨´ambito¨ necesario para la inseguridad.
Creo que la tremenda crisis institucional que vive nuestra municipalidad, sólo será revertida con masiva presencia y participación de los ciudadanos.