La historia del abogado, Marcelo Taboada,uno de los detenidos que integraba la banda a la cual se le imputa la venta ilegal de lotes en Pinamar, formada por abogados, gestores y escribanos. Su estudio jurídico, ubicado en La Plata 922 de la localidad de Ostende, era publicitado por uno de los semanarios locales más importantes: “Pionero”.
El 28 de octubre de 2010 una nota del periodista Pablo Sigal para Clarín, denunciaba un conflicto entre la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) por presuntas irregularidades en el ámbito donde se dictaban las clases del Centro Universitario de Devoto (CUD). En aquel momento el Plan UBA XXII, era el proyecto más importante de la unidad penitenciaria.
Entonces, un comunicado del Servicio Penitenciario se refería “a un docente de la Facultad de Derecho que se encontraría comprometido judicialmente con el ingreso clandestino de celulares por el cual se posibilitaba que los internos concretaran secuestros virtuales desde sus lugares de alojamiento, y especialmente desde el CUD”. Esa investigación permitiría el inició de una causa contra Diego Sebastián Petrissans, uno de los estudiantes.
En la nota mencionada, un recuadro exponía un testimonio significativo de un ex recluso beneficiado por el proyecto universitario. Era nada más y nada menos que Marcelo Taboada, uno de los máximos responsables de la banda, desbaratada días atrás, que defraudaba a incautos con la venta de lotes en Pinamar. El hombre estuvo preso por estafa entre 1995 y el 2000, época en que obtuvo el título de abogado a través del Centro Universitario de Devoto. En aquel momento declaraba: “Parecía que no estaba en la cárcel. Me la pasaba entre nueve y diez horas en el centro universitario. Para mí fue ingresar en otro planeta. Con el tiempo comencé a manejar la asesoría jurídica de la UBA, para aconsejar a otros presos sobre sus causas”.
Taboada se recibió mientras todavía estaba preso, en 1998, además de abogado era el presidente del Centro de Graduados de UBA XXII. Para obtener su liberta debió esperar dos años más y fue entonces cuando abrió su propio estudio en el centro porteño. “Hay gente a la que no le caés simpática y gente que te admira por haber estudiado en la cárcel”, declaraba Taboada.
El informe del propio Servicio Penitenciario destacaba que de los 52 internos que terminaron carreras universitarias en el CUD, en aquellos años, 48 recuperaron su libertad y, tras ello, 11 (23%), reingresaron luego de cometer nuevos delitos. Si bien Taboada conformaría esa minoría que delinque nuevamente, y sus accionar favorecería los argumentos del SP para cerrar el espacio académico, la estadística muestra que la resocialización de los beneficiados al programa universitario sigue siendo mayoritaria.
Luego del largo conflicto entre la UBA y el SPF, el 30 de agosto de 2011 se normalizaron las actividades del Centro Universitario. El Programa UBA XXII de educación en las cárceles contaba con alrededor de trescientos alumnos regulares, y otros trescientos en cursos extracurriculares. Se ofrece el Ciclo Básico Común, las licenciaturas en Abogacía, Sociología, Letras, Psicología y otras cuatro carreras de Ciencias Económicas. Tiene presencia en Devoto, en tres unidades penitenciarias de Ezeiza y en dos de Marcos Paz. Trabajan cerca de setenta docentes y más de tres mil alumnos ya egresaron desde que comenzó a funcionar, en 1986, tras la creación del programa en diciembre del año anterior.
De comprobarse su participación, Marcelo Taboada, no solo defraudó a los estafados y atentó contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se asegura el derecho a la vivienda de los individuos; sino que pone en riesgo los programas de resocialización carcelaria en favor de los que argumentan una reclusión represiva.
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