A raíz de las denuncias de los vendedores ambulantes de playa en las que acusaban directamente a la organización ATIAME de “aprietes” y “comercialización de los permisos a través de Internes y por fuera de la Municipalidad”, el apoderado de dicha asociación, Luis Correa, se hizo presente en la reunión de ayer en el Concejo Deliberante. Previa presentación de notas a los distintos boques.
Correa, al que nadie había visto jamás a pesar de su insistencia en el reconocimiento, aclaró que viene trabajando desde el 2008 través de una asociación con base en San Martín, la que fue “bajada a Pinamar después de un asesoramiento de Enrique Arias”, cuando era el responsable máximo de la entonces Dirección de Fiscalización.
También reconoció la ligazón de la mujer de Arias con la organización, era delegada.
Los encuentros forman parte de una serie de reuniones para logara una legislación que asegure el orden en la playa para que no se vuelva a repetir la experiencia de la temporada pasada, en la que la playa no solo se convirtió en un mercado persa, sino que fue la puerta a otros delitos según las declaraciones de los propios actores, y las denuncias que pesan de trata de persona y que involucraría al propio Municipio. Por lo menos en hacer la vista gorda a una realidad que todos pudieron apreciar.
El responsable de Fiscalización, Leandro Sarobe, también formo parte de los encuentros. Los vendedores, como en otras oportunidades, le exigieron la fiscalización de la playa.
A lo largo de la reunión los representantes de Médano Verde, denunciaron a ATIAME por la venta de permisos. Correa lanzó “hace la denuncia”. La respuesta no se hizo esperar. Los vendedores le dijeron que las denuncias estaban hechas y recordaron la nota en tapa del semanario Pionero, en la que se denunciaba la venta en internet de los permisos por parte de ATIAME. Los vendedores aclararon que “no quieren violencia en la playa, que es lo que se viene viviendo”.
Por su parte Mercedes Taurizano insistió en que “hay una ausencia del Estado”. Los vendedores agregaron que “la cuestión es evitar que la playa se desmadre, para tener la excusa justa y tercerizarla”. Algo así serían las pretensiones de ATIAME a través de un derecho supuestamente adquirido en los últimos años (y prepotencia), que pretende desplazar a los verdaderos actores, ciudadanos pinamarenses, que caminan las playas desde hace años.
Por otro lado Taurizano le preguntó a Sarobe “si el Ejecutivo iba acompañar la nueva ordenanza”, producto de un trabajo consensuado. El funcionario dijo que si se le dan personal, sí; ya que hoy no cuenta con personal suficiente. Apenas llega a diez inspectores. Al mismo tiempo los vendedores acentuaron que en conversaciones con el intendente Muriale, les aseguró que iba a contar con los inspectores suficientes.
Taurizano solicitó que se diera participación a Prefectura.
Luego de un debate que dejó sin fundamentos al representante de ATIAME, y con muchas dudas a los ediles sobre las intenciones del apoderado, se pasó directamente al tema de la futura ordenanza. El Concejo ya dio el primer paso en la última sesión.
Un detalle que llamo la atención de los ediles fue que la nota de presentación de la organización elevada al Deliberante, debajo de la rúbrica de Correa la dirección que constaba era la de casa que habita Enrique Arias, Libertador 526.
Edgardo Paso por su lado hizo hincapié en que junto con la ordenanza se requiere el compromiso del Estado en la playa, algo ratificado por los vendedores.
Rosana Di Pascuale pidió que en la próxima reunión también estén los representantes de habilitaciones que es el área que otorga los permisos a fin de garantizar las trasparencia.
Sarobe se comprometió para la próxima reunión a estudiar la ordenanza que aún no había leído por demoras administrativas.
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